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Brexit, incertidumbre y entidades aseguradoras


Estos días, dos noticias copan los medios de comunicación generalistas, al margen de fracasos futbolísticos y acciones terroristas. Por un lado, la resaca electoral y el juego de pactos o no pactos que colocará a un presidente en la Moncloa o nos condenará a nuevas elecciones. Por otro, la decisión del pueblo británico de abandonar la UE y la incertidumbre que ello provoca en el resto de estados miembros ante un futuro incierto.


Son constantes los análisis realizados sobre las consecuencias que el Brexit tendrá para Reino Unido y el resto de países europeos, incluido el nuestro. En este artículo, vamos a intentar acercarnos a las consecuencias que esta decisión puede tener para el sector asegurador, moviéndonos siempre en el terreno de las conjeturas porque se desconoce de forma rigurosa cómo afectará.


Lo que sí está claro son las primeras reacciones del mercado y las consecuencias económicas que para nuestra economía financiera tuvo al día siguiente de que los británicos votasen: el índice del Íbex 35 cayó un 12,35% con unas pérdidas de 63.900 millones de euros, nuestra prima de riesgo creció en 31 puntos y los principales bancos españoles con negocio en Reino Unido experimentaron pérdidas en sus cotizaciones iguales o superiores al 15%.


Aseguradoras británicas y españolas


Los británicos van a seguir perteneciendo a la UE por lo menos dos años más. Una vez se concrete la ruptura, las aseguradoras británicas dejarán de ser comunitarias y para operar en España deberán estar sometidas a un régimen muchos más restringido de acceso a la actividad en nuestro país.


El artículo 62 de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR) establece lo siguiente: “Queda prohibido concertar en España operaciones de seguro directo con entidades aseguradoras de terceros países ajenos a la Unión Europea o hacerlo a través de mediadores de seguros privados que realicen su actividad para aquéllas. De lo anterior se exceptúa el supuesto en que dichas entidades aseguradoras contraten a través de sucursales legalmente establecidas en España”.


Las españolas que quieran expandir su actividad al Reino Unido deberán, con el Brexit, comunicarlo a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) con un mes de antelación. Este organismo podrá prohibir dicha actividad o establecer condiciones para su realización, cuando entienda que perjudican la situación financiera y de solvencia de la entidad.


Cartera de inversiones


El Brexit agrava aún más la devaluación de las carteras de inversiones de las aseguradoras. Antes del referéndum y ante los bajos tipos de interés, las aseguradoras ya venían sufriendo una devaluación notable de su calificación crediticia o rating.


A nadie se le escapa que en los últimos años las compañías han incrementado la exposición de sus carteras a productos de inversión de menor calidad crediticia. Mientras en 2011 el 40% de los activos de las carteras de las aseguradoras gozaban de la máxima calificación crediticia (AAA), en 2015 este porcentaje descendió al 25%. Y encima, ahora, el Brexit ha llevado a las agencias de rating a rebajar la calificación de la deuda del Reino Unido y situarla en una perspectiva negativa. Ello afectará notablemente a las carteras de las aseguradoras con valores emitidos en el país británico.


La rebaja de la solvencia de las aseguradoras incrementa el riesgo de insolvencia y sus compromisos de pago con los contratos suscritos cuando, encima, Solvencia II exige mayores niveles de solvencia. La concentración de entidades aseguradoras parece ser, de nuevo, la única solución. Todo apunta en esa dirección.


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